Derechos Humanos: a 38 años del comienzo de una gesta que el kirchnerismo intenta ocultar

El 15 de diciembre de 1983, apenas cinco días después de asumir la Presidencia de la Nación, Raúl Alfonsín firmaba el decreto 158/83 que establecía someter a juicio a los militares que integraron las Juntas, y el decreto 187/83 que ordenaba la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP. También se llevó a juicio a los jefes de las organizaciones guerrilleras, Montoneros y ERP, que habían participado en hechos de sangre. La consigna era: “Defender el Estado de Derecho juzgando a quienes sembraron dolor, terror y muerte en la Argentina”.

Cuentan testigos de aquella noche del 14 de diciembre, que presenciaron el momento de la firma por parte de todos los integrantes del gabinete, que se vio a varios de ellos abrazados por la emoción. No era para menos: pocos meses después el mundo hablaría del caso argentino como único país en el mundo que juzgó y condenó a sus propios dictadores y genocidas. Se habló del Nüremberg argentino, comparando el juicio a las juntas militares con aquel que juzgó a los jerarcas nazis por sus aberrantes crímenes cometidos por el nazismo.

Pero no fue lo mismo. Los nazis fueron juzgados por un Tribunal Militar Internacional integrado por los países vencedores en la Segunda Guerra Mundial. Algo así también sucedió con los procesos judiciales que siguieron a la sangrienta disolución de la ex Yugoeslavia, el genocidio perpetrado por los Jemeres Rojos en Camboya o las matanzas en Ruanda; todos ellos fueron llevados adelante por tribunales internacionales, ante la imposibilidad de realizarlos por las mismas autoridades o jueces locales. Las amnistías, con la consecuente impunidad, fueron el recurso más utilizado en situaciones similares en distintos países para encarar nuevas etapas democráticas.

Todo lo que vino después, el informe de la CONADEP, el Nunca Más, las condenas, es historia conocida, que, sin embargo, el kirchnerismo intentó ocultar o tergiversar cada vez que pudo. Lo hizo el pasado 10 de diciembre, cuando en un acto partidario, que estuvo lejos de ser una celebración por la recuperación democrática, no se habló de este 15 de diciembre y su implicancia en la historia reciente, como si los argentinos hubiésemos conocido los DDHH a partir de 2003.

Quizá una de las razones más significativas para intentar ocultar o menospreciar la gesta más importante en materia de derechos humanos que se realizó en Argentina sea esconder la culpa por el escaso apoyo, y en algunos casos hasta de obstrucción, de parte del peronismo en esa difícil etapa de la Argentina.

El momento más desvergonzado, en la manera de reconstruir un relato histórico tendencioso, lo tuvo el expresidente Néstor Kirchner el 24 de marzo de 2004 en la ESMA, cuando formalizó allí la creación del Museo de la Memoria. Ese día, sin sonrojarse, dijo: “Como Presidente de la Nación, vengo a pedir perdón (en nombre) del Estado nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia tantas atrocidades”. Esas palabras, que cayeron muy mal en el expresidente Raúl Alfonsín y en todos aquellos que hicieron lo imposible por llevar a juicio a las Juntas Militares, estaban basadas en una mentira: el Estado no había hecho silencio; al contrario, había juzgado y condenado las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. En todo caso, quienes hicieron silencio fueron muchos dirigentes del Partido Justicialista que promovieron en la campaña presidencial de 1983 el compromiso de sostener el decreto de autoamnistía promulgado por la Junta Militar en caso de que su candidato, Italo Argentino Luder, llegara a la presidencia. Luego, ya en democracia, se negaron a formar parte de a CONADEP. Muchos dirigentes peronistas callaron y no acompañaron a Raúl Alfonsín en esa gesta, pero con el tiempo se envalentonaron y gritaron fuerte, entre ellos Néstor y Cristina Kirchner que, con el apoyo de muchos organismos de DDHH, que no tuvo Raúl Alfonsín a pesar de los juicios, derogaron los indultos a los jerarcas militares que habían sido promulgados por otro presidente peronista, Carlos Menem, y lo hicieron con discursos totalmente fuera de tiempo. Los militares ya no eran una amenaza para la democracia argentina en 2004, y si bien estuvo correcto reabrir esos juicios, en términos de proeza, se pareció más a “cazar elefantes en un zoológico” que a enfrentar un poder armado que podía poner en riesgo el sistema político e incluso la integridad física y las vidas de quienes los juzgaron, como pudo suceder en los 80.

Tampoco existen condenas públicas de parte de los Kirchner al indulto promulgado por Carlos Menem en 1990. En ese momento el líder riojano tenía votos y captaba mayorías, así que mejor fue acompañarlo cuando el interés mayor era gobernar Santa Cruz. Incluso, años después del indulto y de las privatizaciones, Néstor Kirchner definió a Menem en un acto “como el mejor presidente desde Perón”.

Una fecha como la del 15 de diciembre debería ser recordada y conmemorada por el mismo Estado y no solo, como sucede hoy, por la Unión Cívica Radical y algunos viejos dirigentes de derechos humanos que supieron poner el cuerpo, cuando otros que hoy gritan y señalan sin pudor, se escondían.

No se trata de aferrarse al pasado y vivir discutiendo circularmente una etapa tan dolorosa de nuestra historia, sobre todo en momentos donde aún existen violaciones a los derechos humanos en democracia, como vimos reiteradas veces durante el control de la pandemia, sino de reconstruir nuestro pasado reciente lejos de los relatos oportunistas formateados para consolidar el poder político de turno. De esto no solo el kirchnersimo ha sido responsable, también muchos organismos de DDHH, dirigentes e intelectuales permitieron sesgar la crónica de una etapa fundamental para reconstruir nuestra democracia.

De todos modos, su triunfo, si lo hubiera, fue efímero y coyuntural, porque como decía Martin Luther King “una mentira a medias de ningún modo podrá ser una media verdad”.